El objetivo es beneficiar a pequeñas y medianas explotaciones vitivinícolas

Según explica el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente «existe consenso con el Ministerio sobre la necesidad de modificar los actuales criterios». Pese a todo, estos cambios no se harán efectivos hasta 2018, puesto que el próximo periodo de solicitud comienza el uno de febrero.

Como consecuencia del nuevo régimen jurídico del potencial vitícola, derivado de la aplicación de la normativa europea, desde principios de enero de este año, los derechos fueron sustituidos por un sistema de autorizaciones. Se estableció entonces un reparto anual de nuevas plantaciones. Los criterios a aplicar han sido establecidos por Europa y desarrollados en reglamentos.

En este sentido, y ante la polémica suscitada para acometer la revisión de los requisitos, era necesario presentar una propuesta que permitiera una mayor segmentación conforme a los intereses del sector. No ha sido hasta ahora, según explica Nagore, cuando se han podido comenzar los trámites para modificar el Decreto regulador, al estar el Gobierno de España en funciones.