El objetivo, según ha explicado el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, es adaptar la norma autonómica a la nacional, recientemente aprobada.

Entre las novedades que se incorporan destaca la potenciación del acogimiento familiar frente al residencial, especialmente en menores de seis años.

Además, según destaca Conrado Escobar, la nueva norma eliminará la judicialización de algunos trámites e incrementará la capacidad de decisión e influencia de la Consejería de Políticas Sociales.
La norma refuerza además el derecho del niño a ser oído e informado de las medidas que se tomen para protegerle, y en consonancia con la ley nacional, recogerá una definición más precisa de lo que se entiende como interés del menor.