El Gobierno de La Rioja aprueba el Decreto que regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el Decreto que regula la Renta de Ciudadanía de la Rioja. El reglamento desarrolla la Ley de Renta de Ciudadanía de La Rioja que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja el pasado 28 de abril y que entró en vigor el 5 de septiembre. Los consejeros de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, y Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha ofrecido hoy una rueda informativa para presentar los detalles la nueva norma.
Conrado Escobar ha recordado que con esta Ley “se garantiza un derecho subjetivo destinado a cubrir las necesidades básicas y proporcionar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad una ayuda económica, justa y digna”.
El 5 de septiembre se abrió el plazo para que los ciudadanos pudieran presentar las nuevas solicitudes para recibir esta ayuda y desde entonces se han registrado 278 nuevas solicitudes. Una vez aprobado el reglamento, el Gobierno de La Rioja iniciará la tramitación de cada una de las solicitudes para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos y proceder a su resolución.
El consejero de Políticas Sociales ha recordado que los casi 1.500 perceptores de IMI y AIS en nuestra comunidad han visto actualizada su ayuda con la cuantía básica de la renta de ciudadanía (80% del IPREM) de forma inmediata desde la entrada en vigor de la Ley. Estas personas cobrarán la nómina de octubre con la cuantía actualizada. Posteriormente cada caso se revisará para incorporar las mejoras que se introducen con la Ley de Renta, en función de los miembros que componen su unidad de convivencia y las rentas de los mismos.
La Ley ha sido impulsada por el Gobierno de La Rioja y ha contado con la participación de asociaciones del tercer sector, sindicatos, empresarios, ayuntamientos y grupos parlamentarios. La renta de ciudadanía ha pasado a ser un derecho reconocido para los riojanos con el fin de garantizar las necesidades básicas de sus beneficiarios pero con un claro objetivo de inserción social y laboral. En este sentido, la percepción de la renta está condicionada a la realización de las contraprestaciones incluidas en el proyecto individualizado de inserción.
En el Decreto aprobado se concretan determinados aspectos imprescindibles para una correcta gestión de la prestación, como la forma de acreditación de los requisitos, el cómputo de las rentas, el procedimiento de gestión, o la composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía.
En concreto, la norma consta de treinta y seis artículos y se estructura en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y una disposición final.
En el capítulo I se define el objeto del Decreto y se regula la forma de acreditar la situación personal y social del solicitante: residencia efectiva, edad, filiación, parentesco, relación estable o análoga a la conyugal y composición de la unidad familiar o de convivencia. Asimismo, se establece la forma de acreditar determinadas condiciones del titular que suponen un trato favorable en la Ley: emigrante, riojano retornado, persona refugiada o beneficiaria de protección internacional, situaciones de tutela o guarda por parte del Gobierno de La Rioja, desahucio, víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar y mujer embarazada en situación de riesgo social.
También se define de forma exhaustiva la forma de acreditar la carencia de medios económicos, tanto de los rendimientos como del patrimonio. Además, previo consentimiento de los afectados, se accederá de modo telemático a las bases de datos públicas. En este sentido, el consejero de Políticas Sociales ha recordado que “desde la Administración regional se realizarán las comprobaciones oportunas para verificar no sólo el cumplimiento de los requisitos económicos de acceso a la renta, sino también que la situación inicial de carencia de recursos se mantiene durante todo el periodo de percepción de la prestación”.
Proyecto individualizado de inserción
La Ley de Renta de Ciudadanía de La Rioja tiene una clara vocación de lograr la inserción social y laboral del perceptor. Así, el capítulo II del Decreto aprobado hoy aborda el proyecto individualizado de inserción.
Se establece que el titular de la renta de ciudadanía tendrá el derecho y la obligación de participar en un proyecto individualizado de inserción. Los servicios sociales de primer nivel de atención diagnosticarán la situación personal y socio-económica del solicitante y si requiere que su programa de inserción se centre en lo laboral o en lo social.
En este sentido, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha subrayado que “el fin último de la renta es conseguir la plena inclusión social de sus beneficiarios y para eso, el empleo es esencial”. Por eso, su diseño ha estado marcado por el objetivo de impulsar la formación e inserción laboral de los perceptores.
Para ello, el proyecto individualizado de inserción laboral diseñado para cada uno de los beneficiarios de la renta incluirá las obligaciones y compromisos genéricos:
- Participación activa en los programas de empleo y en las acciones específicas de inserción, orientación, promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen por el Sistema Público de Empleo.Búsqueda activa de empleo.
- Comparecencia en el Servicio Público de Empleo y en otros organismos o entidades colaboradoras cuando sea requerido para ello.
- Inscripción en la Oficina de Empleo y renovación, en los casos que proceda, de la demanda de empleo en la forma y fechas establecidas.
- Presentación a las ofertas de empleo propuestas o validadas por el Sistema Público de Empleo.
- Aceptación de las ofertas de empleo adecuadas propuestas o validadas por el Sistema Público de Empleo.
Alberto Galiana ha destacado que, en este caso, la percepción de una renta ofrecerá a esas personas la protección económica necesaria e imprescindible para atender sus necesidades personales y familiares, de forma que puedan participar en las medidas y acciones establecidas en su itinerario laboral.
“Buscamos evitar la cronificación de situaciones de exclusión social, de forma que la renta no es un fin sino un medio para conseguirlo”, ha subrayado, al tiempo que ha dicho que “vamos a ser especialmente vigilantes en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que adquieren los beneficiarios al recibir esta ayuda”.
En los casos de personas que, por sus características personales y/o sociales, no puedan acceder a los programas de inserción laboral y, por tanto, requieran que su programa de intervención se dirija, prioritariamente, a la recuperación social, el proyecto podrá contemplar actuaciones y contraprestaciones en las siguientes áreas: económica y de necesidades básicas, de relaciones familiares, de desarrollo personal, sanitaria, de vivienda, formativa y de relaciones sociales.