El Gobierno de La Rioja y el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) han renovado su colaboración sobre las ayudas al alquiler dirigidas a las familias que han perdido su vivienda habitual y precisan de un apoyo económico para pagar la renta de su nueva vivienda.

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, y el gerente del IRVI, Carlos Alonso, han suscrito el convenio en virtud del cual el IRVI continuará durante 2018 con la gestión de esta ayuda vinculada al programa de arrendamientos especiales. El acuerdo contempla un presupuesto de 60.0000 euros para atender los casos que puedan surgir. No obstante, esta partida se podría ampliar en el caso de que fuera necesario.

Las ayudas se dirigen a las familias que se encuentran una situación de extrema vulnerabilidad y carecen de recursos económicos suficientes. En concreto, los beneficiarios de estas ayudas son familias afectadas por desahucios o aquellas en riesgo de exclusión social que carecen de recursos económicos para acceder a una vivienda en alquiler.

El objetivo de esta ayuda es que dediquen al pago del alquiler un máximo del 25% de sus ingresos o un 20% en el caso de familias numerosas o aquellas que tengan a su cargo personas dependientes o discapacitadas. Los ingresos de la unidad familiar deberán ser inferiores a 2,5 veces el IPREM (18.800 euros).

En primer lugar, el IRVI se encarga de encontrar una vivienda para estas familias, que se ajuste a sus necesidades y a su situación económica. Su precio no podrá superar los 380 euros/mes. Las ayudas se conceden por un periodo de tres años.

En 2017 se concedieron dos nuevas ayudas por un importe conjunto de 12.233 euros a razón de 170 euros al mes durante un periodo de tres años. Desde que se puso en marcha esta medida se han concedido 19 ayudas con una cuantía global de 118.403 euros, es decir, una media de 173 euros/mes durante tres años.

 Política social de vivienda

El programa de arrendamientos especiales se incluye dentro de la política social de vivienda del Gobierno de La Rioja para ayudar a familias que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad tras perder su hogar como consecuencia de una ejecución hipotecaria, una dación en pago o aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social y carecen de recursos económicos para acceder a una vivienda.

Se trata de una de las herramientas con las que trabaja el IRVI, que gestiona el programa de mediación integral dirigido a las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria, que incluye también el asesoramiento, la negociación con entidades financieras y la puesta a disposición de los afectados de alquileres sociales. Este programa ha logrado que, desde el inicio de su actividad a comienzos de  2013, las más de 800 familias atendidas dispongan de un alojamiento.