La alcaldesa presenta los detalles del proyecto de iniciativa privada pero que conlleva espacios públicos como nuevos viales, una rotonda y zonas verdes; además de viviendas y dotaciones.

 La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha presentado los detalles del denominado PERI Lobete II, un plan de desarrollo privado pero  que supone la reurbanización de una amplio espacio público y -sobre todo- “una nueva conexión entre Piqueras-Cascajos y la ciudad consolidada vinculada a la transformación que ha propiciado el soterramiento de la vía férrea”.

En concreto se va a poder prolongar la calle Baltasar Gracián hasta conectarla con Obispo Rubio Montiel, atravesando Lobete mediante la construcción en la confluencia de estas tres calles de una rotonda de distribución del tráfico.

El nuevo vial separa el ámbito sobre el que se va a actuar en dos manzanas edificatorias independientes. En la oeste se ordenan usos residenciales y complementarios de vivienda y en la este, usos terciarios, manteniéndose la gasolinera existente en la parcela dotacional privada y reservándose también una parcela dotacional comercial.

La Junta de Gobierno de mañana, miércoles, aprobará inicialmente este Plan Especial de Reforma Interior que en la práctica supone ganar espacio residencial en zonas anteriormente de uso industrial. En este sentido, como ha recordado la alcaldesa, “Logroño está viviendo un momento de mucha actividad, retomándose un ritmo que como en toda España se había ralentizado por la crisis económica y que aquí está siendo ahora especialmente importante porque en los últimos años hemos estado trabajando mucho para cuando llegara este momento. El Ayuntamiento ha ejecutado su parte y así la iniciativa privada puede desarrollar sus proyectos con agilidad y seguridad”.

La actuación supondrá además una importante inversión en la ciudad, al tener las obras de urbanización un presupuesto estimado que asciende a 868.089 euros (IVA incluido). Una parte pequeña del desarrollo del proyecto corresponde al Ayuntamiento aunque se encomendará la ejecución del conjunto a la iniciativa privada, posiblemente a través de un instrumento de colaboración como podría ser un convenio o estableciéndose las correspondientes compensaciones.

Existe también una franja que afecta a los terrenos de los que es titular ADIF y cuya gestión tiene encomendad la Sociedad Integración del Ferrocarril, sobre los que se actuaría de igual forma que con los municipales.

Dos bloques residenciales, dotaciones, aparcamientos y zona verde

La idea es ejecutar la totalidad de la urbanización de manera conjunta, tanto la prolongación de la calle como la rotonda, la reurbanización de las aceras perimetrales a los solares resultantes, acondicionamiento de espacios verdes o la ubicación de plazas de aparcamiento.

La superficie total de actuación asciende a 12.928,34 metros cuadrados, con un aprovechamiento de 22.475 metros cuadrado techo. Las alturas máximas son de planta baja más 7 o más 9 alturas para el uso residencial y de 12 metros para los usos comercial y dotacional privado.

Se estima un total de 117 viviendas, con aparcamientos y trasteros vinculados, en dos bloques residenciales uno de los cuales se plantea en forma de esquina y el otro como torre independiente. El primero con una superficie de 1.229 metros cuadrados y el segundo con 529 metros cuadrados. Para parcela comercial se reservan 3.856,37 metros cuadrados; 1.302,26 para la dotacional privada y 1.063,47 como zona de uso complementario de la vivienda.

Además, se proyectan 43 estacionamientos en batería, cuatro de ellos accesibles, en la red viaria tanto en Baltasar Gracián como en Lobete. En el interior de la zona edificada se plantean otras 236 plazas.

Los plazos de ejecución del PERI que se contemplan en el acuerdo que se aprobará por la Junta de Gobierno es de cuatro meses tras esta aprobación inicial para la presentación del proyecto de compensación o convenio de gestión, conteniendo las cesiones obligatorias y gratuitas de los terrenos para materializar el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. Desde la aprobación definitiva del Plan Especial habrá un máximo de seis meses para la presentación del proyecto de urbanización y de ocho meses para la ejecución de las obras en él  recogidas. Habrá dos años desde la adquisición del derecho al aprovechamiento subjetivo para solicitar la licencia de edificación.