La Renta de Ciudadanía seguirá existiendo para dar cobertura a los colectivos que no puedan acceder a la nueva prestación.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, y la consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, han mantenido una reunión para analizar y valorar el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de junio.

Tras la reunión, la presidenta y las consejeras han comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Andreu ha insistido en que “el Ingreso Mínimo Vital es una medida revolucionaria y también histórica en España, que responde a un problema social real en nuestro sistema social y que ya acuciaba a los más desfavorecidos antes de la COVID-19, la pobreza y en especial la pobreza infantil”. “Tiene por lo tanto un mayor valor, pues llega en un momento de gran incertidumbre y urgente necesidad para muchas familias ante las consecuencias económicas, sociales y laborales fruto de la pandemia con el objetivo claro de intentar no dejar a nadie atrás”, ha concretado.

“Como sociedad avanzada no podemos seguir dando la espalda, e incluso respaldando, la desigualdad de oportunidades. Y aplicado en nuestras comunidades autónomas, el Ingreso Mínimo Vital mejorará la cobertura de la Renta Mínima autonómica, protegiendo a más familias sin ingresos, convirtiéndonos en la última red de protección de, según los primeros cálculos, más de 8.000 familias en el caso de La Rioja”, ha detallado la presidenta durante su intervención.

“Con la aprobación de esta nueva política conseguimos proteger a nuestra población y podemos estar orgullosos de este paso de gigante para toda la ciudadanía española, como así se lo trasladé al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo”, ha concluido.

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha explicado que el Ingreso Mínimo Vital llegará a más hogares que la Renta de Ciudadanía de La Rioja. “En estos momentos, 2.413 hogares están percibiendo esta renta y, durante la crisis del COVID-19, trescientos hogares más la han solicitado”. Asimismo, el Ingreso Mínimo Vital contempla catorce tipos de hogares “y en todos los casos, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital es superior a la Renta con lo que se garantizan unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que residan”. La cuantía de la Renta de Ciudadanía oscila entre los 430 y los 672 euros mientras que el Ingreso Mínimo Vital “dignifica el importe incrementándolo entre los 463 y los 1.015 euros para el caso de un hogar con tres o más menores”.

Permanencia de la Renta de Ciudadanía

En lo relativo al futuro de la ayuda autonómica de Renta de Ciudadanía, Santos ha insistido en que “seguirá existiendo para cubrir las necesidades de aquellas unidades de convivencia que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital”, es decir, jóvenes de 18 años que han estado bajo la tutela del Gobierno de La Rioja; los huérfanos de padre y madre; los menores de 23 años que hayan vivido de forma independiente al menos durante dos años (el IMV exige tres años, siempre que en este periodo hayan cotizado 18 meses a la Seguridad Social); mayores de 65 años hasta la percepción de una pensión no contributiva; mujeres embarazadas en situación de riesgo social menores de 23 años y solicitantes de asilo y refugio que no cumplan con el año de residencia legal en España.

La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, ha asegurado que con el Ingreso Mínimo Vital comienza “una revolución de nuestro Estado del Bienestar” porque “no solo se amplia y refuerza nuestro estado de protección social, sino que se da un paso histórico en la lucha contra la pobreza y la defensa de los colectivos más vulnerables”.

La nueva prestación abre “una nueva institucionalidad que debe ser el eje estratégico de la nueva normalidad” que transforme “las instituciones en herramientas útiles para garantizar los derechos humanos básicos” y ha recalcado que el Ingreso Mínimo Vital marca “la diferencia política entre este Gobierno de coalición y los gobiernos anteriores” al garantizar que “nadie se quede atrás”.

La consejera de Participación ha insistido en que con la nueva normalidad tiene que llegar también “una nueva institucionalidad porque, ahora más que nunca, necesitamos unas instituciones al servicio de la gente y controladas por la gente”. En este sentido, ha coincidido con la presidenta, Concha Andreu, en la necesidad de aumentar la participación ciudadana en la vida institucional y en la gestión de los recursos públicos porque “esta pandemia nos ha vuelto a demostrar que, en tiempos de crisis, la sociedad civil siempre es la clave para solucionar los problemas colectivos, y la solidaridad y la participación social son fundamentales para afrontar los momentos de crisis”.