El presidente del Gobierno de La Rioja participa en la XXVII Conferencia de Presidentes Autonómicos en Santander.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha defendido una financiación común que atienda el gasto creciente del Estado de Bienestar y las desventajas competitivas que sufre La Rioja con respecto a otros territorios de su entorno.

Gonzalo Capellán ha intervenido en la sesión plenaria de la XXVII Conferencia de Presidentes Autonómicos, máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas, encuentro que no se celebraba desde el pasado 13 de marzo de 2022 en la isla de la Palma.

El programa oficial de la reunión se ha iniciado con un desayuno con S.M. el Rey, previo al inicio de la sesión plenaria en la que se han abordado asuntos como las políticas en materia de vivienda, la gestión migratoria, las medidas para atender la escasez de profesionales sanitarios, así como el modelo de financiación autonómica.

El modelo de financiación autonómica ha acaparado buena parte del debate. Sobre este asunto, Capellán ha insistido en que cualquier planteamiento sobre el modelo de financiación pasa “por no aceptar que rompa el régimen común sacando de él a ninguna Comunidad”. En este sentido, ha recordado que esta región ya está afectada por los regímenes forales de territorios del entorno que han supuesto siempre una desventaja competitiva para nuestras empresas y para nuestros ciudadanos.

En este sentido, Gonzalo Capellán ha reiterado su oposición a romper ese régimen común en el que todos participamos, porque podría provocar a La Rioja la pérdida de hasta 305 millones de euros. La revisión del sistema debe respetar los principios de solidaridad e igualdad de todos los españoles y debe abordarse de manera rigurosa, “siempre de modo multilateral, consensuado entre todos, porque afecta directamente a los recursos de todos”.

En lo relativo a las medidas en materia de vivienda, “un problema que castiga de forma especial a los jóvenes”, ha abogado por revisar la actual Ley de Vivienda para garantizar plenamente la seguridad jurídica a los propietarios e incentivarles a poner sus viviendas en el mercado a través del impulso de un nuevo Plan de Vivienda.

En cuanto a las claves para abordar la gestión migratoria, el presidente del Gobierno de La Rioja ha reclamado rigor y seriedad, porque estamos hablando de personas. La Rioja, como ya ha demostrado en todas las conferencias sectoriales en las que hemos participado, está siempre dispuesta a acoger el número de menores que corresponda, siempre que los criterios sean transparentes, sean claros y “dentro de las capacidades de cada Comunidad para acoger e integrar con la humanidad, dignidad y atención necesaria que merece toda persona”. Capellán ha defendido que La Rioja, durante los últimos lustros, ha sido una Comunidad Autónoma absolutamente ejemplar en este sentido. Así, se ha apoyado en datos y evidencias que demuestran que La Rioja ha acogido y ha integrado perfectamente a un número importante de migrantes, muy por encima de la media nacional. La Rioja escolariza el segundo mayor porcentaje de alumnos extranjeros, el 17,2, y cuenta con más de un 19% de población extranjera menor de 20 años.

La escasez de profesionales sanitarios, realidad que comparten todos los sistemas sanitarios del país, ha sido otro de los asuntos que han centrado las intervenciones. A este respecto, Gonzalo Capellán ha destacado el consenso generalizado en el déficit estructural de médicos y de especialistas en los sistemas públicos de salud de las comunidades, tal y como se pone de manifiesto en informes del propio Ministerio que subrayan la necesidad de contar con 4.500 médicos más en medicina de familia y comunitaria. “El problema que nos afecta a todas las administraciones regionales es la falta de profesionales, por lo que pedimos que no se dejen vacantes MIR, sobre todo en las especialidades más deficitarias de profesionales, y que la cifra de plazas se incremente a un ritmo de más de 2.000 al año. Máxime cuando, en este contexto, estamos viendo en las últimas semanas que el Estado está siendo incapaz de garantizar una renovación del convenio para la asistencia a través de MUFACE para miles y miles de empleados públicos de toda España, “lo que genera incertidumbre y tensiona el conjunto del sistema público de salud provocando un deterioro de la calidad de la atención sanitaria y generando una saturación imposible de gestionar. Esto no puede hacerse de una manera que no sea planificada porque, de manera imprevista, como se está abordando ahora, resulta inasumible por parte del sistema público”.